Una comunidad española tiene previsto retirarle a los inmigrantes irregulares la paga que se les había aprobado por ley. Esa es la intención del gobierno de Aragón, que había aprobado en mayo una ayuda económica a los que se empadronaran en la región.
Se trata de una medida un tanto controvertida. Sobre todo porque buscar cercenar una ley por medio de una norma de rango inferior. Sería con un decreto de orden reglamentario.
Apenas han trascurrido cuatro meses desde que la sacarán adelante.
Esa ley facilitaba el acceso a la renta social básica a cualquier persona con escasos recursos, al margen de su nacionalidad. Solo se les requería que tuviesen fijada su residencia en Aragón. Pero en ningún momento se contempló la posibilidad de que no tuvieran cabida en esta norma los sin papeles.
Con anterioridad ya habían aprobado medidas parecidas otras territorios como el País Vasco y Comunidad Valenciana.
En cualquier caso, hay diferencias importantes entre lo que fija la ley y lo que tiene en mente el ejecutivo aragonés. Al establecer como condición la residencia efectiva y no la legal, bastaría con estar empadronado en Aragón para alcanzar esta ayuda.
Los que vayan a beneficiarse de esta nueva renta social mínima obtendrán todos los meses como mínimo 522 euros. Esta cifra puede resultar mayor en función de las condiciones de cada beneficiario.
Una medida controvertida contra los inmigrantes irregulares
El empadronamiento no implica que una persona sin papeles consiga regularizar su situación en el país. Solo se confirma que vive en España, pero de una manera irregular.
El Gobierno de Lombán se echa a atrás y cambia las condiciones de un día para otro. Modifica el requisito de la residencia efectiva por el de la residencia legal. Esto provoca que los inmigrantes irregulares ya no pueden acceder a estas ayudas.
La intención es que se apruebe lo antes posible, siendo votado este decreto por el Consejo de Gobierno. Algunos expertos aprecian ciertas irregularidades en esta alteración de la ley. En vez de acometer la reforma con el concurso de las Cortes por decreto ley o vía ordinaria, apuestan por la vía reglamentaria.
Y según recoge el diario ABC, esta actuación puede suponer una maniobra anticonstitucional. Sobre todo porque una medida de rango inferior no puede contradecir a otra superior. Un experto jurista asegura que "cualquiera podrá impugnar ese decreto en los tribunales".
Incluso augura que de ocurrir esto "será tumbado con un 99% de posibilidad". Por su parte, el informe de los servicios jurídicos del Ejecutivo regional no menciona en ningún momento esta cuestión tan delicada.
Esta medida llevada a cabo por Aragón contra los inmigrantes irregulares se asemeja bastante a la propuesta por Dinamarca. El país escandinavo anunció que tiene previsto retirar ayudas públicas a los extranjeros que no trabajen ni coticen.
La primera ministra explicaba que "durante demasiados años hemos hecho un flaco favor a muchas personas al no pedirles nada". Con esta nueva ley pretenden facilitar la integración de la población inmigrante y equilibrar el sistema social, sostienen.
En la medida de lo posible, estar personas "deben de contribuir y de ser útiles". En el caso de que no puedan acceder a un empleo regular tendrán que "prestar algún otro tipo de servicio para conseguir las subvenciones".
Esta propuesta está enfocada sobre todo a aquellos que llevan varios años beneficiándose de las ayudas del estado. También que carezcan de un cierto grado de escolaridad y no cuenten con el conocimiento del idioma local. Pretenden que su jornada de trabajo semanal llegue a las 37 horas.
Los inmigrantes tendrán la obligación de escolarizar a los menores a partir del año, con el objetivo de que aprendan el danés y se relacionen. Si una familia no cumple con este requisito vería retirada cualquier tipo de subvención por parte del Gobierno.