Nos situamos en plena quinta ola de la pandemia de la COVID en España. Ahora, la gran mayoría de los mayores de 40 años ha recibido ya la pauta completa de vacunación. Un hecho que ha permitido que, por lo general, los nuevos contagiados tan solo sufran síntomas leves.
Los últimos datos proporcionados por distintas regiones españolas, admiten que más del 70% de los ingresados en unidades de cuidados intensivos superan los 50 años. Tampoco se han vacunado. Algunos porque no han podido y otros —antivacunas o negacionistas— porque no han querido.
La realidad es que a día de hoy es una decisión individual, legítima y también legal. Sin embargo, acarrea consecuencias para toda la sociedad. Problemas tanto epidemiológicos como económicos.
Cabe destacar que la pauta completa de vacunación con Pfizer tiene un coste que ronda los 34 euros. En este sentido, la estancia en UCI puede suponer un coste de entre 8.000 y 50.000 euros.
La cantidad variaría en función de la gravedad, del tiempo de ingreso y del propio hospital. En estos momentos surgen muchas dudas acerca de esto.
La Cadena SER, de hecho, les ha planteado la cuestión a varios sanitarios, a asociaciones relacionadas con la medicina intensiva y a expertos en bioética.
¿Tiene que ser la vacuna obligatoria?
La doctora Ana Zapatero, adjunta del Servicio de Medicina Intensiva (UCI) del Hospital del Mar de Barcelona, admite que no le agrada ver en la calle a gente saltándose las medidas. Y mucho menos habiendo personas ingresadas por culpa de la imprudencia de otros. Pero "como en tantas otras cosas de la vida", explica.
Por otro lado, Manel Peiró, profesor del Instituto de Gestión de la Salud de ESADE, ha explicado que "el sistema sanitario en España se basa en la solidaridad: pagamos todos para que se beneficie el que lo necesita".
Continúa diciendo que “quienes defienden postulados contra las vacunas están desarrollando comportamientos poco solidarios y muy perjudiciales, obviamente. En 2015 murió un niño en Olot por una difteria, algo insólito, porque sus padres eran antivacunas. Pero es un debate moral de difícil solución. No es sencillo determinar quién no se ha vacunado porque no ha podido y quién ha presentado una actitud negacionista. Yo no me atrevería a hacerles pagar. Es muy complejo".
Cristina Monge, profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza, afirma que el problema es determinar la relación causa-efecto. Además, reconoce que "el debate de fondo está en ver cómo la actitud de un negacionista puede afectar a terceras personas". Lo mismo ocurriría en el caso de otras pandemias o del cambio climático.
"La conducta insolidaria de una minoría puede acabar ocasionando graves perjuicios en el conjunto de la sociedad, y eso hay que ver cómo se gestiona desde el punto de vista de la solidaridad con el resto, pero también en el gasto al sistema. Desde el punto de vista jurídico es difícil regularlo, pero es un debate oportuno que tenemos que abordar como sociedad", termina.
Otra de las profesionales que también ha ofrecido su punto de vista ha sido Mercedes Torres, enfermera y máster en Bioética. Esta misma cuenta que "nos hemos acostumbrado a pensar que tenemos derecho a todo de forma gratuita, pero eso es algo que sucede en muy pocos países del mundo".
Para Manel Peiró, uno de los asuntos pendientes es el debate sobre el copago, ya que "el hecho de hacer pagar a las personas que no aceptan un tipo de tratamiento como el de las vacunas, habría que enmarcarlo en una sociedad que no está dispuesta a hablar de copago. Es una discusión enorme y un asunto no resuelto en el que convendría profundizar, pero lo veo difícil por la polarización, la falta de objetividad y el desprecio por el desconocimiento existente".
"Si cobramos a los negacionistas, quizá también hay que hacerlo con los que beben alcohol, con los que fuman o con los que se meten en la playa cuando no hay bandera verde", explica la intensivista del Hospital del Mar. "Entrar esa dinámica es muy difícil y yo no estaría de acuerdo".