La Guardia Civil averigua que Fernando Simón no comunicó a las autonomías una alerta de la Unión Europea sobre el covid-19 seis días antes del 8 de marzo.
Un nuevo informe enviado a la juez Carmen Rodríguez-Medel cuestiona el papel del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
La alerta se recibió el 2 de marzo. El informe sostiene que ese mismo día los técnicos del Ministerio de Sanidad ya estudiaban la necesidad de tomar medidas por positivos en coronavirus no importados del exterior.
Más problemas para Simón
En este nuevo informe de la Benemérita con fecha 1 de junio se habla de un documento del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades remitido el 2 de marzo a las 12.45 horas a los correos electrónicos tanto del Centro de Coordinación de Alertas como al de su director Fernando Simón.
Además de señalar la recepción de esta alerta europea el 2 de marzo se la relaciona con unas reuniones internas ocurridas ese mismo día en el Ministerio de Sanidad.
El informe afirma que ese 2 de marzo ya se detectan casos de Covid-19 sin vínculo epidemiológico conocido ni antecedentes de viaje a zonas con transmisión comunitaria del virus.
Según los investigadores esto llevó a los técnicos a debatir si intensificar o no la vigilancia en algunas Comunidades Autónomas como la Comunidad de Madrid.
Sospechas de ocultación de información
Los investigadores sospechan que el centro que dirige Simón no ha aportado toda la información que la que disponía sobre la pandemia con anterioridad al 8 de marzo. Así se lo requirió la Policía Judicial el 16 de abril.
Dice que «a pesar de solicitar en el oficio que participen todas las recomendaciones, instrucciones o directrices sanitarias que en el marco de la crisis sanitaria generada por el COVID-19 fueran efectuadas, de la documentación aportada se deduce que podrían faltar documentos en relación con dicha información»
Según estas informaciones el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias podría haber cometido dos hechos muy graves.
En primer lugar no dar la voz de alarma a las Comunidades Autónomas para que tomasen medidas cuando ya tenía información suficiente para ello.
En segundo lugar estar ocultándole ahora información sensible a los agentes encargados de la investigación.