Cuenta atrás para el ingreso mínimo vital: cuándo se pondrá en marcha y a cuántos llegará

José Luis Escrivá durante una rueda de prensa
José Luis Escrivá pone fecha a la puesta en marcha del ingreso mínimo vital | EFE

El Gobierno anunció este mes la inminente puesta en marcha del ingreso mínimo vital, la ayuda impulsada para paliar los efectos de la crisis actual en los sectores más desfavorecidos. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, acaba de anunciar que se aprobará a finales de mayo y que llegará a 100.000 hogares en España.

El decreto ley para la renta mínima vital será aprobada en el último Consejo de Ministros de este mes, ha concretado el ministro, y se hará de forma que pueda solicitarse de forma inmediata para luego ir reconociéndose, aunque el Gobierno trabaja para que 100.000 hogares la cobren de oficio y alcance un millón de beneficiarios.

Hasta ahora se conocía el borrador que hace unos días preparó el Gobierno para este decreto ley, que establece un máximo de 462 euros por persona y aumenta en proporción a los miembros de la unidad familiar hasta un tope de 1.015 por familia (siendo siempre la cantidad a percibir la diferencia entre ese máximo y la renta media mensual del beneficiario en 2019).

El Gobierno también ha desvelado que tendrán prioridad los hogares con niños. Se otorgará teniendo en cuenta la renta familiar, calculada en función del patrimonio neto, y será el mínimo común en todo el país, ya que podrá ser mejorado con otras rentas autonómicas y dependerán de la composición del hogar con atención a aquellos con niños y familias monoparentales.

Según Escrivá, «a partir del conocimiento que tenemos de hogares vulnerables que podemos constatar que cumplen las necesidades, estamos tratando de hacer un reconocimiento de partida que permita arrancar con un número de hogares importante».

La intención del ejecutivo es eliminar todas las barreras burocráticas posibles para que la ayuda pueda llegar al máximo de hogares posible, y estudian sistemas para que pueda ser solicitada por distintos canales como la Seguridad Social, pero también ayuntamientos, tercer sector o comunidades autónomas.

El ministro ha dicho que «lo importante es tener la mayor capacidad de capilaridad» y ha recordado que la medida tendrá un coste entre 3.000 y 3.500 millones de euros para el Estado. Por otro lado, hace unos días el Gobierno dejó claro que una de las condiciones para cobrar la ayuda es estar registrado como demandante activo de empleo

Sobre la posibilidad de poner en marcha nuevos impuestos, Escrivá ha defendido el plan fiscal que tenía el Gobierno antes de la llegada del Coronavirus y ha reiterado que el aumento del gasto relacionado con la pandemia debe financiarse con deuda pública, lo que obligará a retrasar la senda de convergencia del déficit.

En palabras del propio ministro, «el plan fiscal que tenía el gobierno y con el que arrancó es el marco adecuado, está bien diseñado y debería ser suficiente». 


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