Con la irrupción del coronavirus, la precariedad y la pobreza han ido ganando terreno en la sociedad. La emergencia sanitaria ha dejado por su paso la subida de la luz, la gasolina e incluso de productos básicos de alimentación.
La subida de precios de productos cotidianos y la crisis de suministros, que todavía incrementa más el valor de los productos, ha afectado a muchas familias. Cada vez más personas ven dificultades para llegar a fin de mes.
El Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, ha intentado poner medidas para frenar la pobreza en nuestro país. En este sentido, con la pandemia, aprobó el denominado escudo social, unas medidas especiales que tienen como objetivo ayudar a las personas que están en situación de vulnerabilidad.
El escudo social ayuda a más de un millón de personas
El escudo social permite impedir los desahucios y garantizar los suministros básicos de energía. La suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la moratoria en el pago de alquileres y la prohibición de cortes de luz, agua y gas son medidas que se recogen en el escudo social.
Este conjunto de medidas fueron aprobadas por primera vez el 31 de marzo de 2020 y expiraban el día 28 de febrero de este año. Sin embargo, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy su prórroga. En este sentido, hasta octubre de este mismo año, seguirán recogidas en el Real Decreto 8/2021.
“Una prórroga a ese escudo social que es la protección de los más vulnerables en el ámbito de los suministros energéticos, de protección de la vivienda, para evitar que tengan que abandonar sus hogares como consecuencia de la situación de pandemia, y en la protección de los servicios esenciales a las víctimas de violencia de género, hasta el 31 de octubre”, ha explicado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Un juez puede interrumpir el proceso de desahucio gracias al escudo social
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que el escudo social protege a más de 1.100.000 de personas con dificultades económicas, agravadas con la pandemia.
Los servicios sociales pueden aportar a un juez informes y pruebas que demuestren la situación de vulnerabilidad de una familia que va a ser desalojada. En el caso de haber sido probada la situación de vulnerabilidad, el juez puede interrumpir el proceso.
Aunque la justicia también valorará la situación económica del propietario de la vivienda, ya que también podría encontrarse en una situación de vulnerabilidad.
Los propietarios no deben verse afectados por el escudo social
El escudo social no solo tiene en cuenta a las personas que están en una situación económica complicada, también a los que les afecta eso indirectamente.
Esta medida no debe perjudicar a los propietarios de una vivienda que presenta impagos. El escudo social también prevé una compensación a los propietarios cuando se paraliza un proceso de desahucio. Esto sucede en el caso de que a lo largo de tres meses, la Administración no haya dado una alternativa habitacional a la familia desahuciada.
“Quienes más sufren las consecuencias de la pandemia siguen así contando con el soporte del Gobierno. Nuestro propósito siempre ha sido el mismo: que nadie se quede atrás. En la pandemia y también ahora en la recuperación”, manifestó Pedro Sánchez.
Por otro lado, también sigue vigente la posibilidad de solicitar el aplazamiento del pago del alquiler de una vivienda habitual a las familias en situación de vulnerabilidad siempre que los arrendatarios sean grandes tenedores de viviendas (diez o más). Además, se amplía el plazo para pedir una moratoria de tres meses en el pago de hipotecas y créditos.