Pedro Sánchez, en una intervención en el Congreso (14/04/2021).

El Gobierno toma una determinación con las multas del estado de alarma ilegal

Las sanciones fueron recaudadas por sus autoridades sanitarias y ahora ellas tienen que afrontar las devoluciones

Descontento generalizado en el mapa nacional. Ahora, el Gobierno central ha pasado a las autonomías la factura del inconstitucional estado de alarma.

Las distintas regiones serán las encargadas de devolver los 100 millones de euros. Una cantidad total con respecto a las multas ahora anuladas.

Moncloa ha transmitido a las delegaciones del Gobierno que tendrán que costear el total de las reclamaciones.  Actualmente, la tramitación y cobro de las multas les compete a las autoridades sanitarias de cada comunidad.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional acaba de declarar inconstitucional el confinamiento dictado en el primer estado de alarma. Una situación anteriormente decretada por el Gobierno. La realidad es que esto ha abierto la puerta a que las multas interpuestas al amparo del decreto ley queden anuladas.

Así mismo, el fallo que anula la medida más restrictiva de aquel entonces, supone un varapalo tanto para el Gobierno como para las propias regiones. Medidas tomadas por el confinamiento de toda la población en sus domicilios para contener la propagación del coronavirus.

Las autonomías en desacuerdo

Fuentes de la Administración le han explicado a Confidencial Digital que el resultado del TC también va a suponer un “varapalo” para las regiones autónomas. Con respecto al área económica, van a tener que revertir las multas tramitadas a los ciudadanos. Sanciones impuestas por saltarse el confinamiento o realizar traslados prohibidos en aquellos meses.

La mayoría de esas multas ya han sido abonadas y Presidencia les ha trasladado a las delegaciones del Gobierno la nueva situación. Que esas sanciones fueron recaudadas por las autoridades sanitarias regionales. Ahora la realidad ha cambiado y le corresponde a estas últimas, el asumir el coste de las reclamaciones.

Multas económicas de unos 600 euros

Sanciones dirigidas a personas sin mascarilla, que no respetasen la distancia de seguridad o superasen el máximo de personas reunidas. Estas se han correspondido por ser las infracciones más habituales que incrementaron el trabajo de los agentes en la mayor parte de España.

Por otro lado, una gran mayoría de los casos denunciados suponían multas de 600 euros. Cabe destacar que la cuantía por incumplir las restricciones en cuanto a la libertad de circulación de las personas, desencadenaba en multas de 601 a 30.000 euros. Sanciones impuestas por el estado de alarma o la ley de Seguridad Ciudadana durante los primeros meses de la pandemia del coronavirus en el país.

Se han recaudado más de 100 millones

Además, las fuentes conocedoras de los expedientes sancionadores ya resueltos en España han valorado a ECD que la cuantía de las multas puede superar los 100 millones de euros. Unos expedientes generados por infracciones graves contra la Ley de Seguridad Ciudadana, entre los meses de marzo y junio del año pasado.

Según las diferentes regiones, Andalucía es la que más dinero ha recaudado, con 33,76 millones de euros. En segundo lugar, con 19,05 millones Canarias. 14,14 millones para la Comunidad Valenciana, 11,18 millones en Castilla y León y 8,09 millones en Castilla La Mancha.

A la cola, por debajo de estas anteriores, les siguen Galicia (6,30 millones de euros); Murcia (4,97); Baleares (3,23); La Rioja (2,98); Cantabria (2,58). Madrid (2,12); Asturias (1,68); Aragón (1,67); Navarra (1,63) y Extremadura (1,17).

Con la vista puesta en el fallo y con respecto al gasto imprevisto, fuentes de varias regiones consultadas por ECD explican que han reclamado a Hacienda distintas cuantías.

Le han instado al organismo anteriormente citado que acelere el desembolso de los 7.000 millones prometidos por el Gobierno central. Cantidad reembolsable a modo de transferencias a comunidades y ayuntamientos.

Por último, afirman que una parte importante de dichas partidas han de refrendarse en las conferencias sectoriales con las comunidades. Tras esto, deben volver al Consejo de Ministros para su aprobación, ser tramitadas por los distintos gobiernos de las autonomías y, finalmente, concederse.