Salvador Illa en segundo plano escucha atento la comparecencia del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez

El plan del Gobierno en Madrid cuando finalice el estado de alarma el sábado

Salvador Illa confía que Madrid ceda a la presión de nuevas medidas comunes aprobadas el miércoles en el Consejo Interritorial de Salud

El sábado finaliza el período de estado de alarma en Madrid y al Gobierno se le plantean dos opciones: plantear una prórroga al parlamento o presentar un plan alternativo. Por ahora, el Gobierno no ha diseñado ningún mecanismo legal para mantener el control de la gestión en esa autonomía y todo parece indicar que habrá que volver a las medidas comunes.

Lo que está sucediendo en Madrid ya se vivió en España durante la primera oleada, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió hasta cuatro veces en el Congreso una prórroga del estado de alarma sin un plan alternativo para gestionar la pandemia por medios legales que no sean excepcionales ni lesivos para la libertad y los derechos de los ciudadanos.

La diferencia es que en aquella ocasión la situación era más favorable que el Gobierno porque, en plena primera oleada, presentó aquellos debates como una dicotomía entre unidad frente al coronavirus o deslealtad política. Ahora, en el conflicto de Madrid el Gobierno ha perdido gran parte del consenso que logró entonces, y el debate parlamentario sería un infierno.

Conscientes en Moncloa de que no hay un plan alternativo al estado de alarma, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha iniciado una rueda de contactos con consejeros autonómicas para lograr un consenso sobre qué hacer en Madrid a partir del sábado. 

La estrategia de Illa pasa por llevar la decisión al Consejo Interterritorial de Salud, previsto para el miércoles, y forzar la aplicación de medidas comunes para todas las autonomías que serían de obligado cumplimiento para Madrid. Ya lo hizo hace dos semanas, pero Madrid se declaró en rebeldía y empezó una pugna que acabó con la declaración del estado de alarma.

Hoy mismo se celebrará un primer encuentro para preparar las medidas del miércoles, y el ministro quiere tantear el terreno en Madrid y las comunidades del PP. En líneas generales, Sanidad propondrá el establecimiento de tres niveles de riesgo con medidas restrictivas para cada uno de ellos, pero a la vez flexibles, para satisfacer las demandas de algunos consejeros de dar más margen de maniobra a las comunidades.

Mientras, Madrid sigue dividida por las tensiones entre la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente Ignacio Aguado. La primera es partidaria de más libertad, mientras que el segundo pide medidas más restrictivas. Fuentes del gobierno madrileño aseguran que se apostará de nuevo por el confinamiento selectivo por áreas de salud con el objetivo de llegar al miércoles por debajo de los 300 contagios de incidencia acumulada.

Más presión sobre Madrid

El Gobierno tampoco ignora que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid puede volver a tumbar las medidas, pero para ello tiene preparado otro truco.

El plan de Sanidad consiste en basar la orden en una ley de 2003 y no en la de 1986, tal y como han hecho otras comunidades sin que haya supuesto problemas legales. El sistema jurídico es complejo, y aunque en Moncloa creen que es suficiente para gestionar la pandemia, no incluye un plan claro para hacer frente a la rebelión de algunas comunidades.

La realidad es que, a pesar de lo que ya pasó en la primera ola y la desescalada, el Gobierno no ha llevado a cabo ninguna de las reformas legislativas que anunció. Según dicen, porque no ha habido un consenso suficiente y por la tensión con el PP tras el sucesivo rechazo a las prórrogas del estado de alarma.

La petición del PP desde un principio es que se reforme la ley de sanidad de 1986 para disponer de una alternativa al estado de alarma. El primer partido de la oposición tiene preparada una proposición no de ley para ser votada en breve en el Congreso, y una propuesta muy similar es la que hizo hace apenas unos días Alberto Núñez Feijóo para evitar el estado de alarma.

Sin una reforma jurídica que ofrezca mayor seguridad jurídica, el Gobierno optó en el mes de junio por una gestión acordada con las comunidades autónomas en el Decreto de Nueva Normalidad. Algo que, a la luz del choque en Madrid, sigue siendo insuficiente. 

Ante este panorama, Madrid puede volver a declararse en rebeldía y entrar de nuevo en la farragosa guerra jurídica. Sin embargo, a diferencia de hace dos semanas, ahora en Europa ya se están tomando decisiones drásticas, con toques de queda incluidos, y el Gobierno confía en que eso les hará ceder. Por lo demás, si nada de esto funciona, el Gobierno podría llegar a una solución extrema: declarar otro estado de alarma 15 días más no como una prórroga, sino como una nueva norma, más adelante, sin voto en el Congreso. 


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