Durante estos meses de crisis por el coronavirus, se ha puesto en duda en multitud de ocasiones la gestión del Gobierno de España, y ahora también llega hasta manos judiciales. 'Vozpopuli' ha anunciado que María Dolores Delgado, Fiscal General del Estado, tiene sobre la mesa cerca de medio centenar de querellas presentadas contra el Gobierno por la mala gestión de esta crisis.
En las últimas semanas, particulares, asociaciones y despachos de todo tipo han acudido a la vía judicial para exigir responsabilidades al más alto nivel a varios miembros del Gobierno. Entre ellos, el presidente, Pedro Sánchez, el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
De acuerdo a fuentes cercanas a la Fiscalía General del Estado, este organismo ha comenzado ya a recibir las querellas presentadas ante el Tribunal Supremo. Se calcula que hay sobre la mesa unas 50 querellas.
La Fiscalía investiga si hay indicios delictivos por parte del Gobierno
A partir de ahora, Fiscalía tiene que valorar si el Supremo es competente para investigar las querellas; si hay indicios delictivos en los hechos denunciados que justifiquen la apertura de una causa penal; y si las querellas pueden o no agruparse en una macrocausa.
El organismo espera que de aquí a septiembre pueda tener ya información para valorar si el Supremo es competente para investigar, aprovechando todavía parte del mes de agosto. Al frente de este proceso se ha posicionado Luis Navajas, Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, que encara su último año como profesional en activo.
Según explican las fuentes del Tribunal, las querellas se han presentado por la presunta comisión de uno, o varios, de los siguientes delitos: prevaricación administrativa; contra la seguridad laboral; y por homicidio y lesiones imprudente. Incluso se han presentado algunas querellas por delito contra las libertades y derechos fundamentales.
Además, la investigación que ha llevado a cabo el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid sobre la celebración de la manifestación del 8 de marzo en Madrid puede haber servido de ensayo a todas las partes de cara a los procesos que puedan abrirse en el Tribunal Supremo contra miembros del Gobierno, una vez sean analizadas las querellas por la Fiscalía General del Estado.